Quiero dejar constancia de la grave crisis laboral a la que se verá enfrentado el sector de la construcción y otros sectores relacionados con trabajos de altura realizados desde un 1 metro, cincuenta cm, debido a una resolución expedida por Ministerio de la Protección Social en marzo de 2009, que amenaza con dejar sin trabajo a más de dos millones de empleados.
Esta absurda norma, establece que hasta para cambiar un bombillo un obrero deberá certificarse como trabajador de altura, cumpliendo unos requisitos que no son acordes con la realidad laboral de miles de maestros de obra, oficiales, auxiliares, obreros, soldadores, electricistas y hasta ingenieros para poder ser contratados.En Colombia nos hemos acostumbrado a que el Gobierno expida una serie de reglamentaciones, sin ningún tipo de divulgación ni consulta previa con los afectados, contribuyendo a la inseguridad jurídica, generando graves impactos al bolsillo de los colombianos más pobres y favoreciendo los intereses de unos pocos empresarios.
Esta resolución sobre “trabajo de altura” afectará a más de dos millones de familias, si el Ministerio de la Protección no prorroga el plazo que vence el próximo 23 de julio, pues para esa fecha cada trabajador debe costearse 10 exámenes médicos que exceden los 200 mil pesos, tomar una capacitación que asciende a unos 450 mil pesos y en algunos caso adquirir un equipo de seguridad que cuesta un (1) millón 300 mil pesos, si quiere conseguir o conservar su empleo.
Para colmo de males y para seguir golpeando al trabajador raso de la construcción, los empleados deberán contar con los requisitos de certificación en competencias laborales para trabajar en alturas, la cual será expedida cada año por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución que no cuenta con la infraestructura suficiente para capacitar a la totalidad de empleados con este perfil. Pero lo que resulta extraño y a su vez usual, es que en este tipo de casos aparecen como por arte magia, unas pocas empresas privadas avaladas por el Gobierno para brindar este servicio por aproximadamente unos 450 mil pesos, empresas creadas a sabiendas que al SENA no le iba a alcanzar su capacidad logística para atender a todos los empleados de altura.
Bajo estas condiciones más del 80% de los empleados actuales de la construcción se verán obligados a quedar desempleados o a reducir considerablemente sus niveles de ingresos al estar destinados a ejecutar labores de neta excavación en espacios subterráneos o inferiores a metro y medio (1.5 mt). Esto hasta que otro técnico del Gobierno se invente una nueva resolución para el trabajo en tierra o subterráneo con requisitos absurdos y por fuera de la realidad.
Este tipo de normas o reglamentaciones, señores Senadores deben tener una transición y deben ser reguladas gradualmente de acuerdo al tipo de trabajo. Con todo respeto por el que redactó la norma, pero a un metro cincuenta trabaja cualquier persona, yo creería que nadie se opone a que los empleados estén seguros, pero aquí lo que se evidencia es un negocio montado para que unas cuantas empresas que seria bueno que investigáramos a quienes pertenecen, ya que se están lucrando a costa de las personas más pobres del país.
Adicional a esto, la experiencia dice que este tipo de normas expedidas de la noche a la mañana lo que ocasionan es corrupción, ya me imagino los empleados de la construcción buscando en cualquier esquina quien les ofrezca el certificado para poder trabajar, como ya sucede con la cantidad de trámites que impone nuestra legislación.
También, resulta curioso y contradictorio que el Gobierno Nacional haya eximido en la resolución a las ARP o Administradoras de Riesgos Profesionales de asumir la responsabilidad de capacitar a los empleados de altura, cuando son estas, las entidades que deben capacitar a los empleados sobre prevención de accidentes laborales. No entendemos realmente como el Ministerio de la Protección Social en una actitud sospechosa, defiende los intereses económicos de estas empresas, cuando su responsabilidad es velar por la seguridad profesional de estos obreros.
Señores Senadores estas empresas no nos hacen ningún favor; la ley obliga a los empleadores a asumir este costo que en muchas empresas representa una gran cantidad de dinero y que en muchas ocasiones estos dineros no se ven representados en el bienestar de los trabajadores. Yo creería que el congreso esta en deuda con los industriales de este país para regular estas ARP, que recaudan grandes sumas y evaden la responsabilidad de capacitar a los trabajadores, la ley debería exigir aun más a estas compañías para garantizar la dignidad de los trabajadores de Colombia.
De los Honorables Senadores
ALEXANDRA MORENO PIRAQUIVE
SENADORA DE LA REPUBLICA
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